La Audiencia Provincial de Toledo echa por tierra otro intento de ‘el Pocero’ para inhabilitar y apartar de su camino a Manuel Fuentes, esta vez a través de un recurso de apelación sobre una querella por una licencia para la construcción de una nave en la localidad toledana
La Audiencia Provincial de Toledo ha acordado rechazar una vez más las pretensiones del polémico constructor Francisco Hernando Contreras, más conocido como ‘el Pocero’, para intentar inhabilitar y apartar de su camino al alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, a través de acusaciones sin ningún tipo de fundamento. En esta ocasión, la Sección Segunda de la Audiencia toledana -en un auto de fecha 25 de enero pasado y notificado ahora- ha acordado desestimar el recurso de apelación interpuesto por Hernando contra otra resolución previa del Juzgado de Instrucción Número 5 de Illescas que archivaba las acusaciones contra Fuentes, entre otros de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Ese mismo juzgado de Illescas ya había sobreseído estas mismas acusaciones en septiembre de 2009 y las volvió a desestimar en abril de 2010.
El auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo – presidida por el magistrado Juan Manuel de la Cruz, y completada por los magistrados Rafael Cáncer y Alfonso Carrión, éste último como ponente-, no deja lugar a dudas. Sobre la acusación de prevaricación contra el alcalde de Seseña destaca que “respecto al requisito de ser necesaria una resolución arbitraria, dictada a sabiendas de su injusticia hay que decir que el ánimo prevaricador debe identificarse con ‘conciencia clara de la ilegalidad y de la arbitrariedad que la decisión supone’ (…). Pero la Sala coincide con la apreciación del Juzgado “a quo” (el Número 5 de Illescas) en que no sólo no concurre el elemento objetivo de resolución injusta contraria a Derecho sino que tampoco concurre el elemento intencional de dictar o permitir el dictado de la citada resolución a sabiendas de su injusticia”.
La querella de Francisco Hernando tenía su punto de partida en la concesión de una licencia de obras para una nave mediante un decreto de alcaldía que el constructor no sólo entendía que era “contraria a las normas urbanísticas” sino que a través de la cual el alcalde, más allá de cualquier tipo de falta administrativa, habría cometido directamente varios delitos. ‘El Pocero’ acusaba así, una vez más, falsamente al alcalde de IU y extendía la duda sobre la correcta actuación de trabajadores del Ayuntamiento de Seseña, todo ello por aplicar estrictamente la legislación como ahora se ha demostrado.
La Audiencia Provincial de Toledo despeja cualquier duda y señala de forma taxativa que “en el presente caso, de la documentación aportada y de las diligencias de instrucción practicadas se desprende claramente que se concedió una licencia de obras condicionada y que no se ha concedido licencia de actividad, ni licencia de primera ocupación”.
Además, los magistrados valoran igualmente “el hecho de que la citada licencia vino avalada y precedida de los oportunos informes técnicos y del informe jurídico del oficial mayor del Ayuntamiento. Tampoco entiende que se desprenda indicio delictivo del hecho de que en la nave se estuvieran desarrollando actividades sin oportuna licencia, constando un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de diciembre de 2007, informado favorablemente la solicitud de licencia de actividades planteada y que las obras de la vía de servicio que constituía la condición a la licencia inicialmente otorgada ya se han iniciado”.
Por todo ello, la Audiencia acuerda “desestimar el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la representación de Francisco Hernando Contreras”.
Antes de esta desestimación, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Illescas ya había sido tajante en algunos de sus razonamientos con los que echaba por tierra las pretensiones del constructor Hernando contra el alcalde de Seseña. Así, el juez advirtió de que el querellante (en este caso ‘el Pocero’) intentaba, sin conseguirlo, hacer ver que existía “un continuo ánimo del querellado (el alcalde de Seseña) de favorecer determinados intereses privados, actuando de forma arbitraria respecto a otros empresarios –especialmente el querellante, ha de entenderse-; y todo ello, extendiendo la sospecha a otros implicados, desde los arquitectos redactores de los informes obrantes en el expediente, hasta a la propia Secretaria Municipal, a la que se acusa en el propio escrito de recurso de mentir”.
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